Controversia sobre el Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899[1] | ||
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Tribunal | Corte Internacional de Justicia | |
Caso |
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Fecha | Desde 2018 | |
La controversia sobre el laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 es un diferendo planteado por Guyana a Venezuela sobre el laudo arbitral de 3 de octubre de 1899.[2]
El 29 de marzo de 2018 Guyana introdujo la solicitud para que se resuelva el conflicto territorial ante la Corte Internacional de Justicia.[6] El 18 de junio de 2018 acudirán los representantes de Guayana a la Corte Internacional de Justicia.[7] El 18 de junio Venezuela manifestó que no participaría en el procedimiento solicitado por Guyana porque para el gobierno nacional la Corte «carece manifiestamente de jurisdicción».[8] El 19 de junio Guyana anunció que pedirá a la Corte que dictamine a su favor alegando el artículo 53 del Estatuto del CIJ el cual indica que «siempre que alguna de las dos partes no se presente ante el tribunal o falle en defender su caso, la otra parte tiene el derecho de comunicarse con la corte y que decida a favor de su reclamo».[9][10]
La CIJ exhortó a Guyana presentar su memoria hasta el 19 de noviembre de 2018 y a Venezuela, la respuesta de contramemoria, hasta el 18 de abril de 2019.[11] Las audiencias orales se celebrarían del 23 al 27 de marzo de 2020.[12] La cancillería venezolana informó que el 28 de noviembre de 2019 consignó ante la Secretaría de Corte Internacional de Justicia de La Haya un memorándum respecto de la demanda.[4] El 29 de mayo de 2020, la CIJ comunicó la celebración de las audiencias orales a partir del 30 de junio.[13] El 10 de diciembre de 2020, la CIJ informó que el 18 de diciembre emitirá un fallo sobre la disputa entre Guyana y Venezuela.[14] El 18 de diciembre la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo, con 12 votos a favor y 4 en contra, declarando que tiene jurisdicción para analizar "la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre".[15] Continuando el proceso, el 8 de marzo de 2021 la CIJ estableció que Guyana debía presentar la relación de argumentos o "memoria" antes del 8 de marzo de 2022 y la contestación de Venezuela, o "contramemoria", se tenía que consignar antes del 8 de marzo de 2023; el 22 de marzo de 2022, Guyana habría presentado sus alegatos ante la CIJ.
En un giro de su estrategia litigante ante la CIJ, el gobierno de Venezuela notificó, el 6 de junio de 2022, el nombramiento de sus agentes o representantes en el proceso; la vicepersidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez notificó ofialmente a la CIJ la designación de Samuel Reinaldo Moncada Acosta como agente; y Félix Plasencia González y Elsie Rosales García como los co-agentes venezolanos; el 7 de junio de 2022 y cumpliendo con los procedimientos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Venezuela introdujo sus objeciones preliminares a la petición guyanesa de admisibilidad del caso.[16][17] En respuesta, la CIJ suspendió el análisis del fondo de la causa y le otorgó a Guyana un plazo, hasta el 7 de octubre de 2022, para responder las objeciones de Venezuela.